Una “Nueva
Frontera de Paz”, tal como lo ha propuesto el Presidente
Nicolás Maduro, resulta ser una realidad más que necesaria en función del
rescate de los derechos Constitucionales y de la Soberanía Nacional, esta
medida requiere entre otras cosas iniciar desde la base de la verdad, la sinceridad,
el respeto por la soberanía y la igualdad de derechos. En tal sentido y apelando a la
verdad es importante mencionar que el gobierno colombiano, representado en este
caso por Donamaris Ramires Paris, actual Alcalde del
Municipio San José de Cúcuta, quien actuando en derecho, legal y legítimo bajo
términos que la ley colombiana le confiere; lo cual no se pone en duda, decidió
para la fecha de Diciembre de 2014, poner en marcha un operativo conjunto con
Migración Colombia y el Ejército Nacional Colombiano, mediante el cual la
Alcaldía de Cúcuta, se propuso dar solución al impacto negativo, social y
económico generado por la migración de los más de tres mil venezolanos en
condición de ilegales, quienes ejercían trabajos informales en la ciudad
poniendo en riesgo la ya debilitada economía local, (según lo reseñan a nivel
local y nacional los diarios La Opinión y El Espectador respectivamente, este
último en fecha 9 de diciembre de 2014) llama poderosamente la atención que
dentro de las medidas tomadas por el alcalde cucuteño, sea precisamente la
deportación, el principal elemento de acción ejecutado en contra de los
venezolanos, quienes se procuraban el
sustento familiar mediante el trabajo informal en Cúcuta.
Ahora bien, entendiendo que las medidas
adoptadas por el Gobierno Municipal del otro lado de la frontera, procuraron
proteger la economía local, el derecho al trabajo de sus nacionales y combatir
la inseguridad ciudadana ya que refirieron la acción delictiva de migrantes
venezolanos en Cúcuta; sorprende como para el entendimiento del Gobierno
colombiano, para algunos politiqueros de oficio nacionales y extranjeros, al
igual que para los medios de comunicación colombianos y sus aliados
internacionales, la defensa del territorio nacional venezolano mediante la
aplicación de medidas similares por parte del Gobierno soberano de la República
Bolivariana de Venezuela, las cuales buscan crear un marco de protección y
resguardo a la frontera en específico y a la patria en general; resultan ser
según ellos un acto injustificado, totalmente desproporcionado e inhumano que
además ofende y lesiona los derechos de los migrantes colombianos en situación
ilegal en el país.
Ante la actual situación fronteriza en que
los embates mediáticos venidos del extranjero,
pretenden estimular el nacionalismo colombiano en contra de Venezuela,
además de intentar mal poner ante el mundo las acciones soberanas del Gobierno
Nacional, todo en un claro y equivoco enfoque de la realidad; salta a la vista
la incapacidad o el desinterés gubernamental del lado colombiano para asumir
cualquier tipo de solución, principalmente porque el remedio podría resultar
peor que la enfermedad, no se debe olvidar que en lo referente al contrabando y
la violencia existe en Colombia toda una cultura que data de muchos años.
Es así como resulta tan común encontrar en
la mayoría de las ciudades colombianas, una serie de complejos comerciales
denominados Sanandresitos, en los que se agrupan un gran número de
seudo-comerciantes, quienes se han apropiado el derecho de comerciar sus
mercancías ingresadas de contrabando y financiadas con capitales de origen
dudoso, negándose a pagar cualquier tipo de impuesto legal bajo la complicidad
de las autoridades, lo que lleva a suponer que para el Gobierno colombiano, la
supresión del contrabando representa la regulación de los Sanandresitos, el área comercial de Maicao, las zonas de
frontera y en general todas las áreas que propicien el contrabando como principal
medio generador de ingresos, claramente el desmonte de este andamiaje ilegal
obligaría al Estado colombiano a asumir responsabilidades que cómodamente y durante muchos años se le ha endosado a la
ilegalidad o al Gobierno venezolano, tal como sucede ahora; esto hace pensar
que indudablemente la generación de empleo, el fortalecimiento del sector
productivo, la importación legal de tecnología y productos electrónicos, sumado
al precio del dólar sobre los 3.000 pesos y un TLC que empobrece cada vez más al productor colombiano, no son para
nada la prioridad de una economía capitalista que suele favorecer a los grandes
en detrimento del pueblo.
Se puede concluir entonces que lo ocurrido
en frontera, no es más que el ejercicio soberano de dos Naciones que en su
momento decidieron unilateralmente, implementar medidas tendientes a la
solución de problemas comunes; con la gran diferencia que del lado colombiano
los medios amarillistas distorsionan diariamente las acciones venezolanas,
convirtiendo a Cúcuta por estos días, en la plataforma política por excelencia
para los ya conocidos politiqueros de oficio, quienes tomando en cuenta la
proximidad de las elecciones regionales en el vecino país, han saturado de
ingeniosas promesas los albergues de deportados, para acabar cumpliendo no más que
con un convide de roscón y gaseosa; desapareciendo como es habitual con el
cálculo de los posibles votos en sus bolsillos, dejando las promesas en el
olvido.
Fernando García.
“Porque las
fuerzas de quienes realmente defendemos la patria son tan diversas, el único
objetivo somos todos”
PPT Frontera.
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