jueves, 23 de octubre de 2014

GPP denunció “guiso del cemento” entre funcionarios en Táchira

Afirmaron los representantes del GPP que tienen pruebas de que los “Díaz” estaban revendiendo el cemento, por lo que solicitaron una auditoría en la distribución de dicho material


Juan Carlos Guevara, secretario General del PPT, informó que recibieron la denuncia (Créditos: Mariana Duque)


Mariana Duque | ÚN.- “Un sacudón” en todo el tren ejecutivo, solicitaron integrantes del Gran Polo Patriótico –GPP-, al gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, para que revise de manera exhaustiva la gestión y relaciones de sus directivos, después de que descubrieron un “guiso” en la venta de cemento de parte del Director del Instituto Autónomo para el Poder Comunal del estado Táchira –Inapcet-.

Juan Carlos Guevara, secretario General del partido Patria Para Todos –PPT-, como vocero de la rueda de prensa, informó que recibieron la denuncia de la venta ilícita de cemento a precios exorbitantes en una empresa, por lo que un grupo de acercó a inspeccionar y comprobaron que en un galpón estaban acaparados 2 mil 300 sacos de cemento, los cuales estaban siendo revendidos. “Estaban vendiendo el saco de cemento a mil bolívares si eran al menor, mientras con la compra de diez sacos el precio quedaba en 750 bolívares”, precisó.

Destacó que ante esta situación acudieron a la Zona Operativa de Defensa Integral Táchira –Zodi-, solicitando su colaboración, por lo que les asignaron unos efectivos, los cuales se presentaron en el sitio y pudieron constatar la cantidad de cemento, siendo el representante legal de la empresa un ciudadano de nombre Wladimir Díaz, quien les explica que ese material de construcción de parte del Inapcet, encargado de organizar a los consejos comunales de parte de la Gobernación.

Ese mismo día conversaron con la directora de la Superintendencia de Precios Justos –Sundee-, Magaly Rodríguez, de quien consideran que su actuación en el operativo dejó mal parado al Gobierno nacional, a la Superintendencia Nacional de Precios Justos y al poder popular, pero posteriormente se enteraron que ella es familiar de los investigados, específicamente del presidente del Inapcet, Luis Díaz. “Ahora entendemos su actitud, ahora entendemos porqué se burló del poder popular”.

Detalló que la empresa también tiene como representante a Ana Sofía Díaz, quien según el Registro Nacional de Contratistas, es la dueña del 70% de las acciones de la empresa. Esta persona, es la primera dama del municipio Torbes; es decir, sería la esposa del alcalde, Alberto Maldonado. Todos ellos a su vez, son familia del exdefensor del Pueblo, Aaron Díaz.

Relató Guevara que para el momento de la inspección no recibieron justificación del acaparamiento, por lo que esperaron al día siguiente para que las autoridades competentes verificaran la permisología y la cantidad de material. Posteriormente la justificación recibida fue que mil 200 pacas de cemento eran parte de un contrato de Inapcet con Albura, mientras que el restante lo relacionaron con contrataciones privadas.

“Deben renunciar”

Los representantes del GPP exigieron la renuncia inmediata de funcionarios anteriormente nombrados y la verificación de si están en marcha las supuestas obras para las que el Inapcet estaría adquiriendo ese cemento.

Juan Guevara exhortó al Presidente Nacional del Sundee a que su Directora en el Táchira sea removida, por cuanto esta no creería en el poder popular. “Se ha burlado del poder popular y a parte de esto, a la vista de cualquiera, está que su gestión ha sido gris. Ante eso solicitamos su destitución, al igual que la del señor Luis Díaz, a quien lo exhortamos que ponga su cargo a la orden, que se ponga a derecho. Usted defraudó la confianza que le dio el gobernador Vielma Mora”.

Solicitó que se le de apertura de manera inmediata a una investigación en el Parlamento regional y en la Contraloría del Táchira, aunque ellos piensan elevar la denuncia ante el Ministerio Público. De igual manera pidió una auditoría en la distribución del cemento en el Táchira, porque aseguró que son muchas las denuncias que tienen al respecto. “Podría ser un modus operandi de supuestas obras para desviar el cemento”.