domingo, 20 de septiembre de 2015

LA VERDAD EN LA NUEVA FRONTERA DE PAZ




     Una “Nueva Frontera de Paz”, tal como lo ha propuesto el Presidente Nicolás Maduro, resulta ser una realidad más que necesaria en función del rescate de los derechos Constitucionales y de la Soberanía Nacional, esta medida requiere entre otras cosas iniciar desde la base de la verdad, la sinceridad, el respeto por la soberanía y la igualdad de derechos.           En tal sentido y apelando a la verdad es importante mencionar que el gobierno colombiano, representado en este caso por Donamaris Ramires Paris, actual Alcalde del Municipio San José de Cúcuta, quien actuando en derecho, legal y legítimo bajo términos que la ley colombiana le confiere; lo cual no se pone en duda, decidió para la fecha de Diciembre de 2014, poner en marcha un operativo conjunto con Migración Colombia y el Ejército Nacional Colombiano, mediante el cual la Alcaldía de Cúcuta, se propuso dar solución al impacto negativo, social y económico generado por la migración de los más de tres mil venezolanos en condición de ilegales, quienes ejercían trabajos informales en la ciudad poniendo en riesgo la ya debilitada economía local, (según lo reseñan a nivel local y nacional los diarios La Opinión y El Espectador respectivamente, este último en fecha 9 de diciembre de 2014) llama poderosamente la atención que dentro de las medidas tomadas por el alcalde cucuteño, sea precisamente la deportación, el principal elemento de acción ejecutado en contra de los venezolanos,  quienes se procuraban el sustento familiar mediante el trabajo informal en Cúcuta.

     Ahora bien, entendiendo que las medidas adoptadas por el Gobierno Municipal del otro lado de la frontera, procuraron proteger la economía local, el derecho al trabajo de sus nacionales y combatir la inseguridad ciudadana ya que refirieron la acción delictiva de migrantes venezolanos en Cúcuta; sorprende como para el entendimiento del Gobierno colombiano, para algunos politiqueros de oficio nacionales y extranjeros, al igual que para los medios de comunicación colombianos y sus aliados internacionales, la defensa del territorio nacional venezolano mediante la aplicación de medidas similares por parte del Gobierno soberano de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales buscan crear un marco de protección y resguardo a la frontera en específico y a la patria en general; resultan ser según ellos un acto injustificado, totalmente desproporcionado e inhumano que además ofende y lesiona los derechos de los migrantes colombianos en situación ilegal en el país. 

     Ante la actual situación fronteriza en que los embates mediáticos venidos del extranjero,  pretenden estimular el nacionalismo colombiano en contra de Venezuela, además de intentar mal poner ante el mundo las acciones soberanas del Gobierno Nacional, todo en un claro y equivoco enfoque de la realidad; salta a la vista la incapacidad o el desinterés gubernamental del lado colombiano para asumir cualquier tipo de solución, principalmente porque el remedio podría resultar peor que la enfermedad, no se debe olvidar que en lo referente al contrabando y la violencia existe en Colombia toda una cultura que data de muchos años.
     Es así como resulta tan común encontrar en la mayoría de las ciudades colombianas, una serie de complejos comerciales denominados  Sanandresitos, en los que se agrupan un gran número de seudo-comerciantes, quienes se han apropiado el derecho de comerciar sus mercancías ingresadas de contrabando y financiadas con capitales de origen dudoso, negándose a pagar cualquier tipo de impuesto legal bajo la complicidad de las autoridades, lo que lleva a suponer que para el Gobierno colombiano, la supresión del contrabando representa la regulación de los Sanandresitos,  el área comercial de Maicao, las zonas de frontera y en general todas las áreas que propicien el contrabando como principal medio generador de ingresos, claramente el desmonte de este andamiaje ilegal obligaría al Estado colombiano a asumir responsabilidades que cómodamente  y durante muchos años se le ha endosado a la ilegalidad o al Gobierno venezolano, tal como sucede ahora; esto hace pensar que indudablemente la generación de empleo, el fortalecimiento del sector productivo, la importación legal de tecnología y productos electrónicos, sumado al precio del dólar sobre los 3.000 pesos y un TLC que empobrece cada vez más al productor colombiano, no son para nada la prioridad de una economía capitalista que suele favorecer a los grandes en detrimento del pueblo.

     Se puede concluir entonces que lo ocurrido en frontera, no es más que el ejercicio soberano de dos Naciones que en su momento decidieron unilateralmente, implementar medidas tendientes a la solución de problemas comunes; con la gran diferencia que del lado colombiano los medios amarillistas distorsionan diariamente las acciones venezolanas, convirtiendo a Cúcuta por estos días, en la plataforma política por excelencia para los ya conocidos politiqueros de oficio, quienes tomando en cuenta la proximidad de las elecciones regionales en el vecino país, han saturado de ingeniosas promesas los albergues de deportados, para acabar cumpliendo no más que con un convide de roscón y gaseosa; desapareciendo como es habitual con el cálculo de los posibles votos en sus bolsillos, dejando las promesas en el olvido.
   
     Fernando García.
“Porque las fuerzas de quienes realmente defendemos la patria son tan diversas, el único objetivo somos todos”
PPT Frontera.